Extremadura marca el camino de la legislación europea en materia de energías renovables
Es habitual que cada vez que se plantee extraer un mineral cerca de alguna población surjan reacciones en contra. El conflicto surge porque esos minerales, como el litio, el cobalto o el níquel, todos ellos presentes en la región, son estratégicos para avanzar en políticas energéticas y su valor se multiplica. Existe un concepto, el de decrecimiento, que quiere repensar la inercia que lleva lo que se conocen como ‘energías limpias’.
Esa teoría del decrecimiento tiene que ver con la transición hacia una economía que produzca y consuma menos, lo que se relaciona con el desarrollo sostenible. Extremadura quiere influir en el próximo marco
legal que urge aplicar a unas tecnologías que avanzan demasiado rápido.
Desde el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), radicado en Cáceres, se aportará una visión sostenible a las futuras leyes que la Unión Europea quiere sacar adelante. Será posible gracias a la financiación, de un millón y medio de euros, procedente del programa Horizonte Europa, que ha conseguido un equipo científico y técnico liderado por un trabajador del CIIAE de Cáceres, el cual se dedicará durante los próximos cinco años al proyecto ‘DELaw’.
La persona elegida para poner en marcha esta base jurídica es un francés de 36 años, Romain Mauger, que llegó a Cáceres en junio de 2023. Es jurista y su primera misión es reclutar un equipo de seis personas más para trabajar con él en Extremadura durante los próximos cuatro años. Empezarán en enero de 2025. «Mi idea es que el decrecimiento influya en el marco normativo, a nivel de Europa, a nivel nacional y de regulación local», ha resumido Mauger a HOY.
Según Romain Mauger, ya hay regulación sobre las baterías, pero solo de las de teléfono y aparatos básicos, «ahora estamos hablando de baterías grandes de parques solares o eólicos, y esto necesita cambios».
Este jurista francés que trabaja en las instalaciones provisionales del CIIAE habla del decrecimiento como el marco teórico en el que su proyecto se va a desarrollar. «El decrecimiento es poder asegurar las condiciones de vida de la Tierra a largo plazo y para eso hay que volver dentro de los límites planetarios», apunta. Según explica, ahora estamos fuera en varios de esos nueve límites. Se refiere al cambio climático y a la extinción de biodiversidad, «todo porque estamos haciendo demasiadas cosas, produciendo demasiado en el mundo y por eso emitimos mucho dióxido de carbono. Necesitamos bajar el ritmo, y hay que hacerlo de manera rápida, democrática y justa».
Las seis personas que necesitará en su equipo tendrán un perfil concreto: cinco estudiantes predoctorales que deben ser cuatro juristas y un ingeniero, más un postdoctoral que será especialista en decrecimiento.
El jurista es consciente de que hasta concretarse las futuras leyes que regulen las nuevas forma de producción de energía habrá luchas de poder. «Nosotros hablamos de orientar la economía y habrá lobbys a favor y en contra, pero ya hay oenegés trabajando sobre decrecimiento», señala.
Ideas disruptivas
«Las leyes están impulsadas por el sistema existente, ahora toca preguntarse ¿qué pasaría si…?»
Romain Mauger
Investigador del CIIAE
En este contexto Extremadura tratará de influir en las próximas leyes relacionadas con la energía, algo que Mauger pretende hacer de manera disruptiva. «Las leyes están influenciadas por el sistema existente, que quiere más crecimiento, pero las cosas están cambiando desde que hace un año en Bruselas hubo una conferencia titulada ‘Más allá del crecimiento’ con miles de participantes ‘on line’. Ahora hay mucha investigación sobre esto y fácil no va a ser. Por eso el programa va dedicado a una ciencia rompedora y tiene que haber ideas fuera de lo común, que se pregunten ¿qué pasa si…?, ¿si usamos tal material?, y en mi caso me digo, ¿qué pasaría si usamos el marco teórico del decrecimiento para influir sobre el Derecho y aplicarlo sobre las baterías y su regulación?»
Para este francés residente en Cáceres hay desafíos jurídicos en toda la cadena de valor, desde la extracción del mineral, hasta en las condiciones de trabajo o en el transporte. «¿Queremos una batería enorme para un coche que solo va a llevar a una persona a su trabajo?», se pregunta. «A lo mejor hay que repensar la talla de los coches», se responde. «Y luego –prosigue– hay que pensar qué se hace al final de la vida útil de esa batería. ¿Sacarla de un coche y llevarla a un edificio?», apunta Mauger desde el CIIAE, donde ya hay en marcha líneas de investigación sobre reciclaje de baterías.
Ahora mismo hay noventa personas de varias nacionalidades trabajando en las instalaciones provisionales del CIIAE, en la Politécnica de Cáceres. Pero cuando él llegó eran menos diez. «Vine para armar un equipo de investigación en Derecho de la energía porque esta es una rama relativamente nueva pese a que hay muchas actividades desarrollándose en los últimos diez años. Estamos en una revolución energética, cambiando continuamente los aparatos que usamos, pasando por ejemplo al coche eléctrico o de hidrógeno, y todo esto requiere de un nuevo marco legal», explica este jurista francés afincado en Extremadura.
Y aunque sabe de la polémica que hay en Cáceres sobre la posible apertura de una mina de litio, Mauger aclara que el informe en el que trabajarán va mucho más allá. «El proyecto que estamos desarrollando es más amplio que el caso concreto de la mina. Sí, está relacionado con baterías desde la minería. Y los resultados pueden influir para tomar mejores decisiones desde el principio».
Un millón y medio para un solo investigador, un hito en la región
Una ayuda para investigar por un montante de 1,5 millones de euros a una sola persona no es nada frecuente en Extremadura. El proyecto del francés Romain Mauger, desde el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) de Cáceres, ha competido con más de 3.500 propuestas y solo han conseguido esa financiación de 1,5 millones el 14%, menos de 500. Son los European Research Council (Consejo Europeo de Investigación), activados en 2007 para estimular la excelencia investigadora, que solo entre 2021 y 2027 maneja un presupuesto de 17.000 millones de euros. Ahora la UE ha visto que necesita avanzar en la regulación legal relacionada con las nuevas energías. Y a Extremadura llega por primera vez uno de estos proyectos para una investigación pionera sobre al régimen jurídico del almacenamiento de energía y, en particular, de las baterías, cuyos resultados ayudarán a configurar una nueva ley energética que regule la reducción del consumo en la Unión Europea. La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional alcanza así el hito de que Extremadura entre a formar parte de este prestigioso programa europeo, que apoya la investigación de vanguardia. Esto ha sido posible gracias a la propuesta de investigación presentada a través del Departamento de Hidrógeno del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) y la Oficina de Proyectos Europeos del Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología, instrumento público gestionado por Fundecyt-PCTEX y la Universidad de Extremadura.
Fuente: HOY Extremadura
